- La Asamblea Ciudadana Santander Saludable reclama medidas urgentes de prevención vial, un control estricto de la velocidad y un rediseño del espacio urbano para proteger a los peatones. En España, una de cada cinco víctimas mortales en siniestros de tráfico caminaba por la vía pública.
El reciente fallecimiento de una mujer atropellada en un paso de peatones en Maliaño ha encendido de nuevo las alarmas en Cantabria. Ante este fatídico suceso, la Asamblea Ciudadana Santander Saludable hace un llamamiento urgente a todas las Administraciones públicas con competencias en seguridad vial y al conjunto de la ciudadanía para frenar una sangría que sigue costando miles de vidas. La entidad insiste en que las muertes de personas que realizaban tareas cotidianas, como ir a trabajar, hacer la compra o llevar a sus hijos al colegio, no pueden normalizarse ni aceptarse como una fatalidad inevitable, recordando además el grave impacto emocional y psicológico que sufren las familias.
Las cifras reflejan la gravedad del problema en la región: durante 2025, un total de 20 personas perdieron la vida en siniestros de tráfico en Cantabria, lo que supone un incremento respecto al año anterior y la segunda cifra más alta registrada desde 2020. La situación es especialmente crítica en las vías urbanas de la capital; solo en Santander, en lo que va de año, cuatro personas han fallecido en sus calles, de las cuales tres eran peatones. Frente a este panorama, el colectivo denuncia que la distribución de competencias entre distintas instituciones no puede seguir sirviendo de excusa para la inacción administrativa.
Desde la plataforma destacan la necesidad de cambiar de paradigma: es hora de dejar de responsabilizar al peatón de evitar los atropellos y poner el foco en quien conduce vehículos motorizados. La Asamblea recuerda que quien se pone al volante maneja un elemento de riesgo capaz de causar la muerte y debe asumir la responsabilidad legal y penal correspondiente. Por ello, exigen campañas masivas de educación y sensibilización que conciencien a la sociedad sobre los peligros del tráfico y promuevan una conducción responsable centrada en proteger a los colectivos más vulnerables.
En el ámbito municipal, la organización plantea propuestas técnicas directas para pacificar el tráfico y rediseñar el entorno urbano. Entre sus exigencias destacan la implantación efectiva de límites de velocidad de 20 y 30 km/h, la instalación de radares y controles, y la integración de radares en semáforos, una medida ya aplicada en otros países europeos. En cuanto a los pasos de peatones, reclaman elevarlos al nivel de la acera, aumentar su número y mejorar la visibilidad mediante la eliminación de plazas de aparcamiento o mobiliario urbano anexo que obstaculice la visión entre conductores y peatones.
Por último, la Asamblea considera indispensable que los ayuntamientos identifiquen y hagan públicos los «puntos negros» y tramos de mayor siniestralidad de sus municipios para priorizar las inversiones, corregir deficiencias y auditar la efectividad de las soluciones implantadas. Garantizar la seguridad vial exige actuaciones planificadas, recursos suficientes y un régimen sancionador eficaz contra las conductas imprudentes. Prevenir los atropellos y proteger la vida en las calles no es una opción, sino una obligación institucional y una responsabilidad colectiva.
