- La jornada impulsa la constitución del movimiento vecinal “La Mancha Gris” y la recogida de firmas contra el macropolígono.
Más de un centenar de personas recorrió este domingo 20 de septiembre el entorno de Morero, el barrio de Solía y Juenga para rechazar la desprotección de más de 60 hectáreas donde se ubicaría el macropolígono industrial “Federico Cobo”. La convocatoria, apoyada por Son Gigantes, contó con representantes públicos y medios de comunicación y permitió conocer las fincas, praderías y explotaciones agropecuarias del entorno afectado.
Raúl Magni Hontañón, uno de los coordinadores de Son Gigantes, participó en la marcha y y se refirió a la protección del Plan de Ordenación del Litoral —POL—: “No podemos permitir que un espacio de especial protección reconocido por el POL, con varias ganaderías, entre ellas la única extensiva del municipio, praderías, zonas boscosas… acabe convirtiéndose en una zona industrializable, otro ecocidio en el único pulmón verde del municipio de El Astillero”.
APLAZAR NO ES RETIRAR
José Antonio Lavín, vecino de Juenga desde hace más de cincuenta años y promotor inicial de la movilización, informó de que el portavoz parlamentario del PRC le había comunicado el aplazamiento de la votación prevista para el lunes 21 de septiembre y la apertura de conversaciones con vecinos y propietarios. Según explicó, el aplazamiento afecta a la toma en consideración de la proposición de ley y no supone su retirada.
La iniciativa del PRC plantea modificar los anexos I y III del POL. Según las conclusiones trasladadas por Lavín, ese cambio facilitaría la posterior tramitación del macropolígono mediante un Proyecto Singular de Interés Regional —PSIR—. Denunció también que el PP incorpora la misma modificación al proyecto de Ley de Vivienda. Reclama la retirada definitiva del macropolígono y un diálogo sin iniciativas legislativas que eliminen la protección del suelo.
Lavín cuestiona que se cambie esa protección sin la evaluación ambiental preventiva que considera exigible y advierte de consecuencias para los planeamiento municipales y de un precedente de inseguridad jurídica para otros suelos protegidos.
Entre los impactos que advierte Lavín figuran las amenazas a explotaciones agropecuarias y al patrimonio familiar, las expropiaciones, el incremento del tráfico pesado en Bº Solía, Bº La Rosa y Juenga, las posibles afecciones a los márgenes de protección del dominio público marítimo-terrestre y la pérdida de terrenos previstos para vivienda. Reclama que se estudie el aprovechamiento del suelo industrial vacío o infrautilizado del entorno antes de transformar terrenos protegidos. Hay más de 1.000.000 de m2 en desarrollo o disponibles en polígonos cercanos.
Asimismo, vinculó estas preocupaciones con el consumo de agua y energía de proyectos como Altamira, el campus tecnológico promovido por Stoneshield Capital a través de XDC Properties en Piélagos y Villaescusa. “Los nuevos propietarios del 75% son Franklin Templeton (Franklin Resources, Inc.): Firma internacional de gestión de inversiones que actúa como gran fondo institucional en infraestructuras digitales y centros de datos. Canaliza capital hacia instalaciones de supercomputación y tecnología en la nube en el entorno de los grandes hyperscalers (como Google Cloud, Amazon Web Services o Microsoft Azure)”.
Lavín defendió “un modelo donde el beneficio sea para nuestros pueblos, y no para los fondos de inversión”.
TRES PILARES Y UN MOVIMIENTO VECINAL EN CONSTITUCIÓN
“Cualquier intento de transformación territorial no puede volver a plantearse nunca más mediante decretazos ni en despachos o desde una avioneta sobrevolando el territorio, a espaldas de vecinos y propietarios. Si de verdad se pretende abordar un futuro para esta zona tiene que hacerse desde tres pilares irrenunciables”, afirmó Lavín. Estos pasan por contar desde el primer minuto con los propietarios, respetando su patrimonio, trabajo y capacidad de decisión; consultar de forma transparente a los vecinos sobre los impactos en su calidad de vida; e integrar la visión y el conocimiento de las organizaciones ambientales y los colectivos sociales.
Durante la marcha se recogieron firmas para impulsar la constitución formal del movimiento vecinal “La Mancha Gris”. Paralelamente, continúa abierta una petición en Change.org para detener el PSIR “Federico Cobo” y reclamar que se reconsidere la modificación del Plan de Ordenación del Litoral. La campaña mantiene la recogida de firmas tras el aplazamiento de la votación.
Son Gigantes reclama información clara, transparencia, garantías ambientales y un estudio riguroso de las alternativas y de los efectos a corto y largo plazo. “La política debe estar al servicio de la ciudadanía: el desarrollo ha de mejorar su vida, no construirse a costa de sus derechos”, señala la organización.
Lavín agradeció el apoyo de vecinos, asociaciones, familias y voluntarios: “La amenaza no se ha retirado, pero hoy hemos demostrado que enfrente tienen a un pueblo despierto, organizado y con dignidad”.
