Los consejeros de Sniace creían que los vertidos al río estaban «amparados» por la autorización ambiental

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El exjefe de operaciones asegura que «había una autorización tácita: todo el mundo sabía que estábamos vertiendo pero nadie dice nada»

Los miembros del Consejo de Administración de Sniace entre 2008 y 2010 han coincidido en que los vertidos contaminantes de la fábrica de Torrelavega al río Saja-Besaya durante esos años estaban «amparados» por la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria había concedido a la empresa.

«Nosotros considerábamos que podíamos verter al dominio público hidráulico», ha manifestado el entonces presidente de la compañía, Blas Mezquita, para quien la AAI «amparaba» ese vertido y, además, no hubo «ninguna comunicación» en sentido contrario.

Se ha pronunciado así, y en el mismo sentido que otros seis exconsejeros y del que fuera jefe de operaciones de la compañía, en la primera sesión del juicio contra ellos por un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. Cada uno se enfrenta a la pena de 16 meses de prisión que pide la fiscal, a los primeros por omisión y al segundo como autor material del ilícito.

En la vista, en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, todos han coincidido asimismo en que el responsable de los temas medioambiantes en el complejo fabril era otro integrante del órgano administrativo no imputado por estos hechos -Gómez de Liaño, que dimitió del cargo tras ser condenado por el Supremo por un delito ecológico también por vertidos-, pues «llevaba la voz cantante» en la materia.

En este sentido, se han referido a una advertencia que les hizo a finales de 2009 acerca de un «peligro» que representaban los vertidos, «inherentes» a la actividad fabril, al río, y ante la que los consejeros acordaron de forma «unánime» que pararían la producción y cerrarían la planta en «48 horas» si la administración no los autorizaba, modificando para ello la AAI.

En la vista, desarrollada en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas y retomada tras la suspensión acordada en febrero -porque el abogado de Mezquita había sido contacto estrecho de un positivo Covid-, los acusados han remarcado que la administración sabía que Sniace estaba vertiendo al río, que además «estaba constantemente testado». «Todo el mundo era conocedor de la situación», ha asegurado el expresidente, para enfatizar que, pese a ello y a las inspecciones que se realizaban, «nadie dice nada».

La representante del ministerio público, –que también reclama a los enjuiciados multa de 6.000 euros e inhabilitación para actividades relacionadas con vertidos al medio natural durante 20 meses–, considera que en el momento de los hechos la empresa carecía de autorización para verter las aguas de su proceso industrial al río, ya que la Confederación Hidrográfica del Norte revocó en 2006 la concedida en 2002 por el carácter «abusivo» de los vertidos.

Dos años después, en 2008, Sniace obtuvo la AAI para verter a la ría de San Martín mediante un colector de industriales y únicamente las aguas de refrigeración y pluviales o de escorrentería al Saja-Besaya. Pero según la Fiscalía, el conducto no estuvo en funcionamiento y la empresa continuó vertiendo de forma «continúa y reiterada» al cauce, sin respetar los parámetros acordados y alterando «gravemente» la calidad de las aguas.

A este respecto, el entonces presidente de la empresa -dimitió en enero de 2019, tras su imputación- ha admitido que conocía la citada revocación del organismo de cuenca así como la concesión de la AAI, pero se ha mostrado en desacuerdo con que la misma fuera para verter en la ría (dominio público marítimo-terrestre) y no en el río (hidráulico).

Mezquita, que al igual que los otros consejeros ha reconocido que sabía de los vertidos pero ha negado su responsabilidad en los mismos, ha esgrimido que con la negociación de la AAI y su concesión se abrió un periodo «transitorio» con varias fases de actuación.

En la primera, ha indicado, se establecieron 18 meses para que Sniace construyera una depuradora (a la que destinó 24 millones de euros) y la administración un colector, que se demoró dos años. En este punto, ha señalado que el plazo fijado inicialmente se prorrogó después ante el citado aviso de parar la fábrica en 48 horas.

Al hilo, ha aseverado que no recibieron «ninguna» indicación sobre la posibilidad de verter sin esas infraestructuras, y ha remarcado que la compañía venía pidiendo desde 2007 hacerlo en la ría, aunque no consiguió la autorización hasta 2010 porque faltaba un tramo del colector.

También ha destacado la inversión cercana a los 100 millones del plan de vertidos de Sniace, compuesto por «un montón» de actuaciones para «acomodar» la actividad fabril a las autorizaciones.

TODO EL MUNDO CONOCÍA LOS VERTIDOS Y NADIE DICE NADA

El que fuera jefe de operaciones de la empresa, Francisco González Payno, ha asegurado por su parte que si bien «no sabía qué tipo de autorización había para verter al río», estaba «convencido» de que la tenía con la AAI.

«Había una autorización tácita: todo el mundo sabía que nosotros estábamos vertiendo al río», ha expresado el exdirectivo, para indicar que cuando llegó al puesto, en enero de 2008, ya se estaba vertiendo al río y se siguió haciendo, pero «curiosamente nadie dice nada». Además, ha aseverado que ni él ni ningún otro trabajador de la fábrica «tenía el papel» de la AAI.

En cambio, ha señalado que Gómez de Liaño «sí sabía todo ese asunto», y ha sentenciado: «Yo nunca he hablado con el consejo de administración de Sniace».

Los demás consejeros acusados se han pronunciado en similares términos al expresidente, reafirmando que todos los temas medioambientales tratados en el órgano de administración están recogidos en las correspondientes actas de sesiones, que se celebraban en Madrid, salvo la de verano que tenía lugar en Torrelavega.

Han coincidido así en que el director de operaciones imputado «jamás» ha comparecido o informado en una reunión del consejo, como ha apuntado Jesús Manuel Zaballa, que no se leyó «al detalle» la AAI pero los técnicos -ha dicho- les trasladaban que los vertidos estaban «amparados» por esa autorización. «Si te informan y es cierto, no tienes porqué leerte el tocho entero», se ha justificado. «Somos cabales: lo primero es el cumplimiento de la ley», ha remachado.

Otro de los procesados, Manuel Huerta, ha esgrimido en este sentido que su especialidad es la traumatología y por eso «no me meto en profundidades» como temas medioambiantales, apuntando al respecto que era Gómez de Liaño quien llevaba estos asuntos al consejo, donde se trataban y se tomaban decisiones conjuntas. Y «cuando terminaba, nos íbamos a comer todos».

Víctor Guzmán del Pino, que es economista -«sé de contabilidad»- también ha señalado a Gómez de Liaño, que era asesor y secretario del consejo, como la persona que les informaba de que se estaba «cumpliendo escrupulosamente» con la normativa medioambiental y «nunca» hizo advertencia alguna en sentido opuesto. Frente a ello, ha aseverado que al jefe de operaciones no le «conocía de nada».

Julio Antonio García ha coincidido con sus compañeros consejeros en que era «completamente ajeno» a la operativa diaria de la factoría, y estaba convencido del «riguroso cumplimiento» de la normativa medioambiental. De su lado, Antonio Temes Hernández ha incidido en que las «grandes decisiones» en la materia las tomaba el consejo, pero en base a informes y con el objetivo de cumplir «escrupulosamente» la normativa.

Juan Yago Hernández ha aclarado que no existía una «designación específica» de un consejero de medio ambiente pero sí una «función asumida» por Gómez de Liaño. «En mis manos no he tenido jamás un informe medioambiental», ha zanjado, para referirse a la AAI como la «única» información que tenían, cuyo «nombre hace pensar que tenemos autorización para verter y en el mismo punto donde siempre».

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