- Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio reivindican una vez más una visión global, solidaria e integral de las luchas contra los megaproyectos energéticos frente a la “propaganda del triple eje empresarial, institucional y mediático al servicio del expolio, la estafa y los ecocidios”.
Denuncian el discriminatorio Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que pretende focalizar la avalancha de megaproyectos energéticos en las comarcas de Campoo-Los Valles, Iguña y Soba, la incomprensible reactivación de la tramitación del polígono eólico Somaloma-Las Quemadas, la tardía e incierta paralización de las obras del polígono eólico El Escudo, la complicidad de empresas y entidades financieras promotoras de los megaproyectos energéticos con las instituciones y algunos medios de comunicación, el lamentable apoyo de la Universidad de Cantabria, esta vez con un “bochornoso curso de verano”, y la nueva Ley de Control Ambiental que facilita a las empresas promotoras la tramitación de los megaproyectos energéticos.
Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio continúan en su labor de denuncia y señalamiento de la tramitación de megaproyectos energéticos en Cantabria, en un momento, el verano, en el que advierten de que “desde instituciones cómplices suelen aprovechar la desconexión social para acelerar procesos de tramitación de este tipo de proyectos”. En este sentido, vuelven a denunciar la situación actual del polígono eólico Somaloma-Las Quemadas, proyecto sobre el que en los últimos días han recibido la que consideran una “incomprensible noticia”: la concesión de nuevas autorizaciones para la construcción del polígono tras haber sido paralizado dos veces en los tribunales, la segunda en 2026 con sentencia firme, sin haberla recurrido y la obligación de abonar las costas.
Además, muestran su sorpresa e indignación porque, al mismo tiempo que se anunciaban las autorizaciones de Somaloma-Las Quemadas, se desestimaba por su “elevado impacto ambiental” la solicitud para la instalación del polígono eólico de Benavieja, ubicado frente a Cabárceno. De esta forma, denuncian que algunos polígonos eólicos son descartados con facilidad, mientras otros vuelven una y otra vez en función de la zona en la que se sitúen, aplicando criterios políticos y no estrictamente técnicos ni ambientales. Recuerdan que este hecho queda confirmado por la tramitación del “discriminatorio PROT”, que pretende entregar al expolio la comarca de Campoo-Los Valles, el valle de Iguña y el de Soba, bajo la falacia de que no existe patrimonio natural, paisajístico e histórico-cultural que preservar en esas comarcas, mientras que el resto de Cantabria, quedaría oficialmente excluido del riesgo de estos ecocidios.
.En esta línea, y a modo de ejemplo, señalan que “el PE El Escudo lleva más de tres meses paralizado, después de haber sido construido prácticamente en su totalidad; el PE Somaloma-Las Quemadas ha sido paralizado dos veces por los tribunales; y que, al respecto de la ampliación de la presa de bombeo —el proyecto Aguayo II—, promovida por Repsol y cuyas obras se iniciaron hace semanas, la CROTU está contestando ahora a las alegaciones registradas en el verano de 2022. “¿Tendremos que esperar otros cuatro años a los diferentes recursos de alzada presentados ante la falta de información geológico-geotécnica de la actuación y sobre el impacto que puede tener esta obra, no solo durante su construcción, sino también cuando se encuentre a pleno rendimiento?”
Advierten de nuevo de los riesgos que implicaría una situación de escasez de agua con situaciones meteorológicas prolongadas, como las que estamos viviendo estos días, de enorme calor y sequía, en la que se prioricen los intereses de Repsol en vez de mantener los caudales ecológicos o el abastecimiento de agua a los municipios de Cantabria.
Respecto del primero de los ejemplos citados, el PE El Escudo, un expolio del territorio prácticamente consumado y paralizado desde marzo, informan de la celebración de un “lamentable curso de verano de la Universidad de Cantabria”, que consideran un “nuevo lavado verde de las empresas que destrozan el territorio”. En él participó Agustín Valcarce, consejero de Biocantaber, la empresa filial de Iberdrola que ha llevado a cabo las obras. Afirman que “como era de esperar, este representante y el resto de participantes han utilizado el curso para continuar promoviendo discursos extractivistas y la expansión de la mal llamada energía limpia, verde, eco, o sostenible; generada por estos megaproyectos energéticos”.
Además, durante el curso los participantes acudieron a las obras del PE El Escudo en lo que denominaron una “visita técnica” y afirmaron que la “legislación de evaluación ambiental en Cantabria se mira con lupa”. Desde los Colectivos Vecinales denuncian que esa lupa es la de empresas como Iberdrola, Repsol, Red Eléctrica Española con la enésima ampliación de la subestación eléctrica en Molledo, o entidades financieras como el Banco Santander o BlackRock, y que la visita tuvo como finalidad seguir “adoctrinando sobre sus argumentos y datos falaces”. En este sentido, señalan que estos discursos se amparan en información falsa, sesgada o tendenciosa, secundada por informes emitidos por entidades como la propia Universidad de Cantabria, a través de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Fundación Leonardo Torres Quevedo. Por ello, los Colectivos Vecinales denuncian que la Universidad de Cantabria, siendo una institución pública, funcione como altavoz de empresas privadas volcadas únicamente en sus propios beneficios.
Todos estos hechos vienen siendo denunciados desde hace años por los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, al igual que por otras organizaciones y movimientos sociales. Ante los cientos de escritos, recursos y denuncias que han presentado hasta la fecha por la vía administrativa y judicial. Afirman que apenas reciben respuesta y que, en los pocos casos en que se producen contestaciones, estas se limitan a meras respuestas formales en las que se ignora o se justifica cada uno de los hechos denunciados.
Lejos de que sus denuncias y los continuos informes técnicos aportados sean escuchados, explican que desde las instituciones se evidencia cada vez más la complicidad con las empresas y entidades financieras que promueven estos proyectos. Como ejemplo, citan la nueva Ley de Control Ambiental, aprobada recientemente con los votos del PP y del PRC, que consideran que “facilita la vida a las empresas promotoras de los megaproyectos energéticos, ya que no obliga a revisar desde cero los proyectos ya aprobados o en tramitación, les da continuidad y les permite modificar, prorrogar o adaptar sus autorizaciones dentro del nuevo marco”.
Además, permite que varios proyectos puedan apoyarse en infraestructuras comunes o ya existentes, como accesos, líneas de evacuación o subestaciones”. Explican que también reduce la carga administrativa para las empresas, ya que la ley habla de agilizar trámites, proporcionar seguridad jurídica, ayudar a las promotoras a presentar la documentación y limitar exigencias como el estudio arqueológico únicamente a los casos en los que se considere que puede existir afección al patrimonio. Afirman que “esto supone todavía más manga ancha por parte de la Administración hacia las empresas. Es facilitar el expolio del sur de Cantabria y dificultar las alegaciones y los recursos contra los megaproyectos”.
Ante esta situación, hacen también un llamamiento a las organizaciones y movimientos sociales en lucha sobre la importancia de mantener criterios de denuncia robustos y coherentes. Lo hacen ante lo que consideran incoherencias en la reciente petición pública de SEO/BirdLife respecto del PE Anjana, en la que exige frenar el proyecto por su impacto sobre especies protegidas. Lamentan que en esa petición no se incluya la situación de otros eólicos ubicados en la misma unidad ambiental y que afectan a las mismas poblaciones de avifauna. “No tiene sentido que hablen del milano real, catalogado «En Peligro de Extinción», y de otras especies de aves protegidas afectadas por el PE Anjana, y no lo hagan respecto de los demás proyectos del entorno”. Además, detallan que “el PE Somaloma-Las Quemadas se encuentra a solo dos kilómetros de uno de los núcleos del PE Anjana”, por lo que echan en falta la misma petición de SEO/BirdLife para este y otros proyectos eólicos que generan impactos similares sobre las especies amenazadas.
Finalmente, y volviendo a hacer alusión a lo que denominan la “propaganda del triple eje empresarial, institucional y mediático al servicio del expolio”, señalan y denuncian los publirreportajes a modo de artículos de algunos medios de comunicación en favor de estos proyectos. Por todo ello, desde los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio anuncian que continuarán luchando por la vía judicial contra todos estos polígonos, movilizándose en las calles y trabajando para situar en los medios de comunicación información rigurosa y técnica, con una visión global, solidaria e integral de lo que representan estos megaproyectos energéticos. Además, hacen un nuevo llamamiento a toda la población a “informarse de manera crítica, actuar y no dejarse manipular por este tipo de estrategias articuladas desde este triple eje, que pretende expoliar los territorios para el beneficio económico de empresas y entidades financieras, en una enorme estafa al calor de subvenciones públicas que deberían destinarse precisamente a lo contrario: mejorar la vida de las personas y preservar el medioambiente”.
