- Colectivos vecinales en contra de los polígonos eólicos han presentado una querella por injurias y calumnias contra Agustín Valcarce, consejero de Biocantaber, S.L. y presidente de la Asociación Eólica de Cantabria, por las declaraciones que hizo a la prensa a raíz de la paralización de los sondeos para el PE El Escudo el día 28 de marzo.
- Según los vecinos, «la promotora del PE El Escudo no solo inició unos sondeos que eran a todas luces ilegales, sino que, tras su paralización, se ha dedicado a mentir descaradamente e intentar engañar a la ciudadanía».
Las declaraciones se publicaron en la prensa a partir del 29 de marzo, un día después de que un grupo de unos 20 vecinos de los ayuntamientos de Luena, San Miguel de Aguayo, Campoo de Yuso y valles cercanos, así como personas a título individual en su apoyo, se desplazaran hasta la Sierra del Escudo para detener los sondeos iniciados por la empresa Entegsa, subcontrata de Biocantaber, S.L.
Según las noticias publicadas en la prensa regional, la promotora afirmó haber «denunciado ante la Guardia Civil la quema de la maquinaria con la que se están realizando las catas geológicas previas a la construcción del parque por parte de colectivos antieólicos», y la Asociación Eólica de Cantabria se refería a lo sucedido como un «sabotaje temerario» por parte de los supuestos «colectivos antieólicos» (palabras literales de su declaración), a quienes acusaba de dirigirse de manera intimidatoria a los operarios.
El día 31 de marzo, El Diario Montañés recogía declaraciones aún más atrevidas por parte de Agustín Valcarce: «No quiero faltar al respeto a nadie, pero lo de ayer ―refiriéndose al incendio intencionado del miércoles― hay que llamarlo por su nombre. Han quemado el equipamiento y un monte en plena surada. Es triste que un Ayuntamiento compre la maniobra de los “antieólicos” para retrasar el proyecto».
Según los vecinos, las declaraciones de Valcarce son rotundamente falsas. «En ningún momento insultamos ni amenazamos a los operarios, sino que simplemente les avisamos de que lo que estaban haciendo era ilegal.
Como les dijimos aquel día, sabemos que ellos son trabajadores que estaban ejecutando un encargo de su empresa, pero los sondeos estaban suspendidos y les explicamos que estábamos allí para defender pacíficamente nuestros pastos y montes», declaran varios vecinos.
Asimismo, insisten en que «se debatió acerca de los permisos que la responsable del sondeo les mostró en su móvil, pero en todo momento de manera respetuosa y cordial».
Además, denuncian que no se quemó la maquinaria ni el entorno inmediato de los sondeos, y afirman tener pruebas de que los hechos descritos por Valcarce son rotundamente falsos: «El día 31 de marzo, varios vecinos subimos otra vez al Escudo para asegurarnos de que se llevasen la maquinaria.
Los operarios desmontaron todo sin ningún problema y la máquina estaba en perfectas condiciones, en absoluto se había quemado equipamiento ni el lugar donde se realizó el sondeo». Según estos vecinos, sí había una zona de matorral y pasto quemada, pero se encontraba junto a la carretera del Escudo, a más de 500 metros del sondeo.
«Alguien debió de hacer una quema la noche del 28 al 29 aprovechando la surada, pero fue una quema como tantas otras que se hacen en los montes por estas fechas, y estaba lejos del sondeo, con una loma de por medio», declaran varias personas que estuvieron el día 29 en El Escudo.
Además, afirman que el único material quemado eran «unos tubos metálicos tirados en mitad de la zona quemada, lejos de la maquinaria» y que, en su opinión, difícilmente costarían esos 20.000 € en los que dijo la promotora que estaban valorados. «Es todo una estrategia de mentiras para deslegitimar a quienes nos oponemos a estos polígonos industriales en nuestros montes», concluyen.
Según la información facilitada por los vecinos, los sondeos se encuentran suspendidos por un recurso de alzada presentado el 16 de febrero contra la resolución que los autorizaba.
La Consejería debía responder en el plazo de un mes, pero no lo hizo, por lo que legalmente la suspensión de los sondeos es firme desde entonces. Además, el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, en cuyos terrenos se ejecutaron los trabajos, ordenó su paralización inmediata el 29 de marzo, dado que la empresa no había respondido al último de sus requerimientos en los que el consistorio exigía mayor concreción a la declaración responsable recibida.
«Están cometiendo una ilegalidad tras otra, van diciendo que tienen todos los permisos… Son todo mentiras. A la vista está que no tienen todo en regla, y la CROTU ni siquiera ha tratado el tema en sus últimas reuniones», explican varios vecinos.
Además, insisten en que no están en contra de la transición energética ni de la energía eólica, sino de la descontrolada tramitación actual, con decenas de proyectos de golpe y sin una adecuada planificación previa, y recuerdan que en los pueblos afectados la oposición a los polígonos, y en especial al PE El Escudo, es mayoritaria: «Sabemos que esto no trae nada bueno para nuestros pueblos y montes, solo especulación y dinero para unos pocos. Los concejos han votado mayoritariamente en su contra, y cinco de las ocho juntas vecinales afectadas por el PE El Escudo publicaron recientemente una carta conjunta denunciando cómo el Gobierno de Cantabria quiere pasar por encima de ellas».
Por otro lado, los colectivos vecinales siguen trabajando para recaudar el dinero que les permita plantar batalla en los tribunales al resto de polígonos eólicos proyectados en el centro-sur de Cantabria.
Continúan con la campaña de micromecenazgo a través de Internet en GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/whdrcg-fondo-para-la-defensa-jurdica-de-cantabria), tienen previsto realizar varios eventos solidarios y, además, están recabando apoyo económico en las zonas afectadas, pueblo por pueblo.
«En estos momentos, ya hemos presentado recursos de alzada a los PE Somaloma-Las Quemadas, Campo Alto-La Costana y Cuesta Mayor, y este mes lo presentaremos al PE Alsa, pero para poder ir al juicio contencioso-administrativo necesitamos unos 6000 € por cada polígono. Vamos a seguir trabajando para presentar demanda a todos los que vayan saliendo», afirman.
