- La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria requiere al Consistorio que aporte los datos que faltan, incluida su geolocalización y la totalidad del periodo de medición, o que justifique por qué no dispone de ellos. Una información esencial para conocer la contaminación real de la ciudad.
Este requerimiento judicial se produce en el marco del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asamblea Ciudadana Santander Saludable contra la Ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones.
La Asamblea, integrada por catorce organizaciones sociales, vecinales, ecologistas y políticas, viene denunciando desde hace meses la falta de transparencia del Ayuntamiento respecto a los datos obtenidos por los sistemas municipales de medición de la calidad del aire, el ruido y el tráfico. La red municipal cuenta con diez estaciones de medición de la calidad del aire y alrededor de cuarenta sensores acústicos, instalados en el marco de las actuaciones vinculadas a la implantación de la ZBE.
Para la Asamblea, disponer de los registros completos, con su correspondiente ubicación geográfica y continuidad temporal, resulta imprescindible para conocer la situación ambiental de los distintos barrios y comprobar si las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento responden a las condiciones reales de contaminación de la ciudad.
La implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Santander ha supuesto la licitación de, al menos, dos contratos de implantación, uno en 2022, por importe de 1,4 millones de euros, para la plataforma y los equipos de medición de la contaminación atmosférica y acústica, y otro en 2023, por valor de 2,3 millones de euros, para la implantación y plataforma de la ZBE. Ambos contratos suman una inversión de 3,7 millones de euros, vinculada al desarrollo de este proyecto y a su financiación en el marco de los fondos europeos.
En el centro del procedimiento, la falta de transparencia sobre la ZBE
Uno de los argumentos centrales del recurso judicial es que la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones no responde suficientemente a las necesidades de protección de la salud pública ni a una evaluación transparente y completa de la contaminación existente en Santander.
La Asamblea cuestiona especialmente que la ZBE se haya limitado al entorno del Ensanche, una zona parcialmente peatonalizada, mientras quedan fuera otras zonas de la ciudad con una mayor presión del tráfico y problemas de contaminación, como Castilla-Hermida, la calle Alta, San Fernando, Cuatro Caminos o el entorno de las estaciones.
La controversia sobre los datos ambientales adquiere especial relevancia porque son precisamente esas mediciones las que deberían permitir evaluar la situación de cada zona y fundamentar las decisiones municipales en materia de movilidad y protección de la salud.
El requerimiento judicial supone un nuevo paso en la exigencia de que la Administración incorpore al procedimiento la documentación necesaria para esclarecer qué datos existen, qué periodo abarcan y dónde se realizaron las mediciones.
Ahora corresponde al Ayuntamiento dar cumplimiento al requerimiento judicial, aportar la información completa en el formato exigido o explicar formalmente por qué no dispone de ella ni la hace pública.
